• Andrés Lago advierte de que hay “hooligans” de la reclamación y que hace falta formación sobre Transparencia para el personal público, en especial, en los ayuntamientos
• Los órganos garantes de la transparencia intercambian experiencias y desafíos en el marco del CIT 2026 de Santiago de Compostela

 Santiago de Compostela, 28 de septiembre de 2026.- La Comisión da Transparencia de Galicia constata que en los últimos años se observa un relevante incremento en el número de expedientes con reclamaciones por solicitudes de acceso a información pública de las Administraciones gallegas.  Al respecto, el presidente del Consello Consultivo de Galicia y Comisionado da Transparencia, Andrés Lago Louro, puso el foco en la existencia de “hoolingas” o profesionales de la reclamación de acceso a información, muchas veces ante pequeños ayuntamientos.

Este fue uno de los asuntos abordados hoy en Santiago de Compostela en la Sesión Plenaria ”Retos y desafíos de los órganos garantes de la transparencia”, dentro del XI Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, impulsado por la Asociación Centro de Investigación de la Transparencia y el Gobierno Abierto (CIT) y con el respaldo de universidades e instituciones. Andrés Lago, fue uno de los nueve representantes de órganos autonómicos de transparencia que, bajo la coordinación de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), analizaron el trabajo de los encargados de velar por el cumplimiento del marco normativo y resolver los desafíos que están surgiendo en estos últimos años.

En su turno, el también presidente de la Comisión da Transparencia de Galicia explicó la nueva etapa de este órgano independiente. Así, recordó que en 2016 el Comisionado de Transparencia de Galicia quedó adscrito a la Valedora do Pobo como órgano colegiado independiente; pero recientemente, desde el 1 de mayo de 2026, esta función pasó al Consello Consultivo de Galicia.

En concreto, explicó que este cambio es fruto de la Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, operada a través de la Lei 5/2025, de 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

EVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

En su intervención, explicó que se observa “un incremento exponencial” en las reclamaciones sobre acceso a información pública que tramita la Comisión da Transparencia de Galicia, donde se percibe la existencia de “hoolings” o profesionales que quieren información reiterada hasta incidir sobre el trabajo ordinario de las Administraciones. Reconoció también que hay “una desproporción entre la carga de trabajo y los recursos para poder afrontarla” desde el órgano que debe garantizar el derecho de acceso.

Mencionó algunos datos que demuestran esta situación. Desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 25 de septiembre, la Comisión gestionó la recepción y tramitación de unos 607 expedientes de petición de información pública de particulares (dirigidos principalmente a ayuntamientos gallegos y departamentos de la Xunta). Y, en este tiempo, del total, ya fueron resueltos en plazo legal más de la mitad de las peticiones, en concreto, más de 308 expedientes. A los que habría que sumar los expedientes gestionados por la Valedora en los cuatro primeros meses de este año, que fueron 74.

Según estos datos estadísticos, en nueve meses de 2026, la Comisión da Transparencia de Galicia -con independencia del órgano estatutario al que estuviese adscrita- ha recibido y está gestionando 681 expedientes. Un dato que se puso en relación con los completos referidos a años anteriores, cuando se atendieron 709 expedientes en 2025 y 249 en 2024.

REFLEXIÓN A FUTURO

Estos números sirvieron para que Andrés Lago formulase una reflexión sobre que uno de los principales desafíos es ayudar a los ayuntamientos de pequeño tamaño, para lo que en Galicia se buscará un acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) en materia de formación. Incidió en que, a través de la formación, hay que tratar de evitar los silencios administrativos.

En esta sesión también participaron los responsables del CTBG de España, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), del  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, del Comisionado de Transparencia de Canarias, del Consejo de Transparencia de Navarra, del Comisionado de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y del Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

En los diferentes turnos de intervenciones, hubo coincidencia respecto del elevado número de expedientes de petición de información pública que tienen que gestionar estos órganos independientes; se reclamaron más medios y también capacidad de sancionar los incumplimientos; al tempo que se defendió la necesidad de aprovechar la tecnología y las opciones de colaboración; sin olvidar que el avance de la publicidad activa ayudará a atender mejor el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía.

El Congreso CIT 2026, que se desarrolla hasta el 29 de septiembre, cuenta con la organización de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Central de Chile, así como con el patrocinio y apoyo de la Xunta de Galicia, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Contas de Galicia y de la Comisión de la Transparencia de Galicia, organismo adscrito al Consello Consultivo de Galicia, entre otras instituciones y entidades.