La presidenta de la Comisión da Transparencia, Milagros Otero Parga, y su vicepresidente, Pablo Cameselle Martínez, asisten hoy en Madrid (12 horas) a la tercera reunión convocada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ( CTBG) con los representantes de los consejos de transparencia de las comunidades autónomas. En esta ocasión, el presidente del CTBG, Javier Amorós y representantes de los órganos comisionados de la transparencia en las diferentes comunidades autónomas someterán a repaso las últimas novedades normativas y actualizarán balances sobre la actividad desarrollada en el último año para proteger el derecho de acceso a la información.
Durante el año 17 se hicieron realidad nuevos proyectos normativos que inciden directamente en las actividades de los comisionados. En concreto las previsiones de reforma de la ley estatal básica (ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) exigen de un análisis conjunto de todos los órgano que trabajan en el control de la transparencia.
En este arranque del 2018, los comisionados someterán la revisión el contenido de la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, que prevé importantes modificaciones que afectan a la ley básica estatal de la transparencia. En concreto incorpora la esta un nuevo título sobre el régimen jurídico de los lobbies. La nueva ley de contratos del sector público, por su parte, regula la posibilidad de que los órganos de contratación dejen de someter a publicidad activa algunos datos relativos a la celebración de los contratos cuando su difusión, entre otros supuestos, resulte contraria al interés público o afecte a intereses comerciales o materias reservadas. Dado el carácter básico de la ley estatal, las consecuencias de estos cambios podrían afectar a las funciones desarrolladas por los comisionados nos sus respectivos territorios.
El encuentro de Madrid servirá además para organizar una agenda de trabajo conjunto con reuniones periódicas de los comisionados y grupos de trabajo que permitan interpretaciones homogéneas de las normas, afrontar problemas comunes y adoptar iniciativas conjuntas de cara a futuras iniciativas normativas. La idea consiste en institucionalizar reuniones trimestrales y crear grupos de trabajo para el análisis de asuntos concretos derivados de la función de control.